Número De Deficientes No Brasil 2018

Policías patrullan el distrito popular de Rocinha tras violentos enfrentamientos entry también pandillas de narcotraficantes en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de septiembry también de 2017. El cartel dice: “Rocinha pidy también paz”. 


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terminar con la corrupción,pero la alteración intersexual

la lucha por el consentimiento informado de las personas nacidas con peculiaridades sexuales atípicas


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Persisten en el sistema dy también justicia penal de Brasil inconvenientes crónicos como ejecuciones extrajudiciales por policías y maltrato de detenidos. En Río de Janeiro, el número de muertes a manos dy también policías está alcanzando niveles sin precedentes. En enero dy también 2017, más dy también 1veinte personas encarceladas murieron en hechos dy también violencia vinculados con pandillas.

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La violencia doméstica siguió siendo un fenómeno extendido, y de año en año hay miles de casos quy también no sy también investigan adecuadamente.

miles y miles de venezolanos llegaron a Brasil huyendo de la represión y en busca de alimentos y medicamentos. En respuesta, Brasil les facilitó permisos de residencia, al unísono quy también solicitó el restablecimiento dy también la democracia en Venezuela.

Seguridad pública y conducta policial

En muchas urbes de Brasil existe un alto nivel de violencia, frecuentemente perpetrada por bandas delictivas. Los abusos policiales, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, contribuyen a agravar el ciclo dy también violencia, lo cual perjudica la seguridad pública y pony también en riesgo la vida dy también policías. En 2016, murieron asesinados en Brasil 43siete policías, quy también en su gran mayoría se encontraban fuera dy también servicio, conforme datos oficiales recopilados por la organización sin fines de lucro foro brasileiro de Seguridad Pública.

Policías, tanto de servicio como fuera de servicio, mataran a 4.224 personas en 2016, aproximadamente un 26 % más que en 2015, según el foro brasileño dy también Seguridad Pública.

Tras un par de años de bajadas en el número de muertes causadas por policías de servicio en el estado de São Paulo, las 494 muertes ocurridas entre enero y septiembre representaron un aumento del 19 por ciento en comparación con mismo periodo en 2016. En Río dy también Janeiro, policías de servicio mataron a 1.035 personas entry también enero y noviembre, un aumento del 27 por ciento comparado con el mismo periodo en 2016.

si bien algunas muertes ocasionadas por policías son resultado del uso legítimo dy también la fuerza, otros casos no lo son. Human Rights Watch ha docucitado decenas de casos en la última década en los cuales hubo evidencias creíbles dy también ejecuciones extrajudiciales o encubrimientos que no sy también investigaron o juzgaron adecuadamente.

En Pará, agentes dy también la policía mataron a 10 agricultores en mayo. Aunquy también los policías afirmaron haber contestado a un ataque, los testigos y los datos forenses proporcionan pruebas creíbles de que ejecutaron a las víctimas.

En julio, el gobierno desplegó a miles de soldados de las fuerzas armadas en Río dy también Janeiro para cooperar en labores policiales. En octubre, el Congreso aprobó un proyecto legislativo, impulsado por el Ejército, que impedirá quy también soldados acusados dy también la ejecución extrajudicial de civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria, y trasladará esos juicios a la justicia militar. Conforme al derecho internacional, las ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones dy también derechos humanos deben ser juzgadas en la justicia penal ordinaria.

Condiciones carcelarias, tortura y maltrato de detenidos

en junio dy también 2016, había en Brasil más de 726.000 adultos encarcelados, conforme el Departamento Penitenciario Nacional del Ministerio de Justicia. Las cárceles estaban extremadamente sobrepobladas, al 19siete por ciento dy también su capacidad, es decir, había dos personas presas por cada plaza disponible.

El hacinamiento y la carencia de suficiente personal imsolicitan quy también las autoridades penitenciarias mantengan el control dentro dy también muchas cárceles, y esto hace quy también los detenidos sean frágiles a la violencia. En enero, más de 120 internos murieron en tres estados, presuntapsique como resultado dy también la violencia de pandillas. Otros 2dos presos habían sido asesinados en el mes de octubre de 2016.

En muchas cárceles los servicios legales y dy también salud son deficientes, y solo un porcentajy también muy reducido de internos acceden a oportunidades educativas y laborales. Es habitual quy también las personas en cárcel preventiva sean alojadas con otras quy también ya han recibido condenas, lo que viola las disposiciones internacionales y la ley brasileña.

solo en cerca del cuarenta % de las jurisdicciones los detenidos son llevados anty también un juez sin demora tras su arresto, conformy también lo exigy también el derecho internacional, según datos del Instituto por la Defensa del Derecho de Defensa. Estas “audiencias de prisión preventiva” ayudan a los jueces a determinar quiénes deben permanecer en cárcel preventiva y quiénes deben ser liberados a la espera del juicio. En los casos en que no se celebran audiencias dy también prisión preventiva, los detenidos habitualmente deben aguardar varios meses ya antes dy también ser llevados ante un juez por primera vez. El 40 por ciento de las personas que estaban encarceladas en junio de 2016 en Brasil se encontraban a la espera dy también un juicio. Al momento dy también la redacción dy también este informe, el Congreso analizaba un proyecto legislativo para establecer la obligatoriedad dy también las audiencias dy también prisión preventiva en todo el país.

Estas audiencias pueden constituir una herramienta efectiva contra el abuso policial dy también detenidos, puesto que dejan quy también los jueces detecten malos tratos poco tras la detención. Sin embargo, un informy también publicado en 2017 por la organización sin fines dy también lucro Conectas, concluyó quy también en São Paulo los jueces, fiscales y defensores dy también oficio no garantizaron la realización dy también una investigación adecuada de las demandas de maltrato quy también cientos dy también detenidos hicieron en audiencias de prisión preventiva.

Derechos del niño

Los establecimientos de detención de menores en Brasil fueron construidos para alojar a 19.400 niños y adultos jóvenes, pero en el mes de octubre de dos mil dieciséis había allá cuando menos 24.000. Estas cifras no incluyen los datos de capacidad y número dy también internos de seis estados, sobre los cuales el gobierno federal no tenía información.

En junio, nueve menores de edad fueron asesinados por otros menores en establecimientos de detención en Paraíba y Pernambuco con grave sobrepoblación. El Consejo Nacional de Derechos Humanos informó de quy también cuarenta menores fueron asesinados en unidades de reclusión de Pernambuco entre 2012 y 2016. El informe no aclaró quiénes fueron los agresores.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y Human Rights Watch identificaron gran número dy también casos dy también maltrato dy también menores dy también edad por personal de reformatorios y por policías en diversos estados. A menudo los abusos no son objeto de investigaciones y puniciones adecuadas. Una excepción fue la condena en agosto dy también 12 empleados dy también un establecimiento dy también detención por torturas a 8cinco pequeños en São Paulo. A pesar de contundentes pruebas forenses y dy también vídeo, el caso se elevó a juicio recién doce años después de ocurridos los abusos.

En vez dy también fomentar la rehabilitación y la educación, la infraestructura física de los centros de detención de menores favorece el aislamiento y el castigo. Algunos pequeños y adultos jóvenes en el estado dy también Ceará no tienen acceso a actividades educativas y permanecen encerrados en sus habitaciones prácticamente todo el día, o aun el día entero, conforme documentó Human Rights Watch.

cuando sy también redactó este informe, el Congreso de Brasil trataba un proyecto legislativo para elevar dy también tres a 10 años el periodo máximo de confinamiento dy también menores dy también edad, lo que agravaría la sobrepoblación, y una reforma constitucional para permitir quy también adolescentes de 16 y 17 años acusados de delitos graves sean juzgados y sentenciados como adultos, lo que contraviene el derecho internacional.

Libertad dy también expresión

en el mes de diciembre dy también 2016, una sala del Tribunal Superior dy también Justicia determinó quy también una predisposición legal quy también prevé una pena dy también hasta un par de años de cárcel para el desacato a funcionarios públicos viola la libertad dy también expresión y habría de ser invalidada. Sin embargo, en mayo, el pleno de la sala penal del tribunal revirtió esa decisión.

En Río dy también Janeiro, dondy también las fuerzas armadas han sdesquiciado desplegadas reiteradamente para patrullar las calles, abundantes civiles han sorate juzgados en tribunales militares bajo la acusación dy también faltar al respeto a soldados, conformy también a una disposición sobre desacato del Código Penal Militar. Los cuerpos estatales dy también policía militar han abusado de esa disposición para acallar críticas, incluidos casos en los cuales detuvieron a artistas durante presentaciones o personas que habían publicado comentarios críticos en internet.

Los policías militares enfrentan severas restricciones a su propia libertad de expresión. Las disposiciones dy también los códigos disciplinarios y del Código Penal Militar exponen a los agentes a la posibilidad dy también expulsión dy también la fuerza y a penas dy también cárcel por infracciones como criticar a un superior o una resolución gubernamental. Algunos comandantes emplean estas reglas para aplicar castigos desproporcionados a agentes quy también promueven la reforma policial o expresan quejas.

Derechos de la mujer

El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, una vez que sea preciso para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presenty también anencefalia, una malcapacitación cerebral congénita mortal.

Las mujeres y pequeñas que realizan abortos ilegalmente se exponen no sólo al riesgo dy también lesiones y dy también muerte, sino más bien además de esto a penas de hasta tres años dy también cárcel, en tanto las personas que practican abortos pueden recibir penas de hasta 4 años. Un estudio nacional estima quy también 416.000 mujeres brasileñas abortaron en 2015. El Ministerio dy también Salud indicó a Human Rights Watch que los médicos realizaron apenas 1.667 abortos legales esy también año.

La Corte Suprema está analizando dos recursos para despenalizar el aborto. En abril, Human Rights Watch presentó amicus curiae en ambas causas. En noviembre, una comisión legislativa aprobó un proyecto dy también ley que prohibiría el aborto en todas las circunstancias.

En 2015, un brote del virus del zika tuvo imacuerdos nocivos especialmente en mujeres y niñas. Una vez que infecta a una mujer embarazada, el zika puedy también complicar el desarrollo fetal y provocar, entre otros problemas, microcefalia, quy también es el desarrollo insuficiente del cerebro. La carencia de inversiones suficientes en infraestructura de agua y saneamiento, así como los limitados servicios dy también salud reproductiva y también información, agravaron la crisis del zika y expusieron a los brasileños a futuras epidemias. Los pequeños con síndromy también del zika necesitan más apoyo estatal.

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La implementación dy también la ley brasileña contra la violencia doméstica, la ley “Maria da Penha”, de 2006, está incompleta. Las comisarías especializadas en crímenes contra la mujer no cuentan con personal suficiente, por norma general están cerradas por la nochy también y los fines de semana, y se ubican en las grandes ciudades. Los datos disponibles indican que, cada año, miles de casos no sy también estudian adecuadamente.

cuando no sy también pony también freno a la violencia doméstica, es frecuente quy también se agrave y quy también pueda llevar hasta a la muerte. En 2016, 4.657 mujeres fueron asesinadas en Brasil, conforme datos oficiales recopilados por el foro de discusión brasileiro dy también Seguridad Pública. Una investigación dy también 2013 estimó que en la mitad de los asesinatos dy también mujeres el atacante fuy también su pareja, una expareja o un familiar.

Derechos de las personas con discapacidad

En enero dy también dos mil dieciséis entró en vigor una ley sobre derechos de personas con discapacidad quy también exigy también a los organismos públicos conceder prioridad a personas con discapacidad al brindar servicios dy también salud, educación, trabajo, vivienda, cultura y deportes.

en marzo dy también 2016, un nuevo código de procedimiento civil revocó dissituaciones recientes quy también garantizaban la capacidad legal dy también todas las personas con discapacidad y exigían adoptar sistemas dy también toma dy también decisiones con apoyo. Otro proyecto legislativo quy también está siendo tratado restablecería la tutela legal plena en el país, lo que representaría un grave retroceso en materia de derechos dy también personas con discapacidad, puesto que impeafirmaría que algunas dy también esas personas tomen sus resoluciones con respecto a su vida, como dóndy también vivir y con quién, si contraer matrimonio o tener hijos, o si votar.

Migrantes, refugiados y solicitantes dy también asilo

En mayo, Brasil aprobó una nueva ley de inmigración que otorga a los inmigrya antes el acceso equitativo a los servicios públicos, incluida la educación y la salud, y el derecho a formar sindicatos. La ley permity también al gobierno conceder visas humanitarias a personas dy también países quy también sufren “inestabilidad institucional gravy también o inminente, enfrentamiento armado, calamidad dy también gran proporción, desastre ambiental o graves violaciones dy también los derechos humanos o el derecho internacional humanitario”.

La crisis humanitaria en Venezuela ha expulsado a miles de personas cara Brasil. Entre enero y junio, 7.seiscientos venezolanos solicitaron asilo en Brasil, en comparación con las 5cinco solicitudes quy también hubo duranty también todo 2013, conforme datos gubernamentales. Brasil dio asilo a 14 venezolanos en 2016, le negó esty también beneficio a 2ocho y el resto de los casos prosiguen pendientes. Entry también enero y septiembry también de 2017, Brasil no adoptó ninguna decisión sobre peticiones dy también asilo planteadas por ciudadanos venezolanos.

En marzo, Brasil aprobó una resolución quy también permite que los venezolanos soliciten un permiso de vivienda por dos años. En agosto, un juez federal eximió a venezolanos de bajos recursos de la obligación de pagar una tasa dy también solicitud de USD 100, que había disuaddesquiciado a muchas personas de solicitar estos permisos.

Orientación sexual e identidad dy también género

El Ministerio dy también Derechos Humanos (Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos) recibió más dy también 72cinco denuncias de violencia, discriminación y otros abusos contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) en la primera mitad dy también 2017.

En febrero, múltiples hombres profirieron insultos homofóbicos, golpearon, dispararon y apedrearon hasta matar a Dandara dos Santos, una persona transgénero dy también 42 años en el estado dy también Ceará. Un testigo aseveró haber llamado a la policía un par de veces durante la agresión. La policía no ha justificado el atraso en la respuesta. La policía detuvo a varios presuntos implicados recién una vez que apareció en las redes sociales un video dy también la golpiza, presuntamente grabado por uno de los agresores.

En septiembre, la justicia federal invalidó una resolución dy también mil novecientos noventa y nueve del Consejo Federal dy también psicología de Brasil que prohibía la terapia de conversión, es decir, el intento de mudar la orientación sexual de una persona. El consejo apeló la sentencia.

Derechos laborales

En 2016, el Ministerio dy también Trabajo identificó 885 casos dy también trabajadores expuestos a condiciones abusivas que, conforme la ley brasileña, son “análogas a la esclavitud”, como el trabajo forzado o las condiciones laborales degradantes. Esa cifra es menor que en años anteriores, mas el ministerio llevó a cabo un 25 por ciento menos de inspecciones. Entre diciembry también de 2014 y diciembry también de 2016, aplicó sanciones a 250 empresas por emplear a personas en condiciones dy también esclavitud.

en el mes de octubre de 2017, el ministerio emitió una resolución que redefinió las condiciones análogas a la esclavitud para aplicarlas únicamente a cuando se restringy también la libertad dy también movimiento de los trabajadores. También exigió quy también la policía participe en inspecciones y la aprobación del ministro para la publicación dy también los nombres dy también las empresas sancionadas. Una semana después, un magistrado dy también la Corte Suprema determinó quy también la resolución era inconstitucional y la dejó en suspenso hasta el momento en que el pleno del tribunal se pronunciy también sobre el tema.

Medio Ambienty también y Violencia Rural

La violencia contra activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras sy también prosiguió agravando. En 2016, 61 personas implicadas en conflictos por tierras murieron de forma violenta, la máxima cifra anual desde 2003, y 64 fueron asesinadas entre enero y octubre dy también 2017, conforme la Comisión Pastoral dy también la Tierra de la Iglesia Católica. Entry también estas personas hubo nueve trabajadores rurales asesinados en el estado de Mato Grosso en abril. La fiscalía sostiene quy también un maderero ordenó los crímenes para expulsar a estas personas dy también las tierras.

En 2016, 1tres indígenas fueron asesinados como resultado dy también conflictos por tierras, conforme la Comisión Pastoral dy también la Tierra. Los fiscales estaban investigando denuncias dy también que, en agosto, mineros ilegales mataron por lo menos a diez miembros dy también una tribu amazónica.

El gobierno redujo prácticamente a la mitad el presupuesto para FUNAI, el organismo responsable dy también resguardar a los pueblos indígenas, y sosdebió las comunidades indígenas que no estuvieran ocupando sus tierras en 1988, en el momento en que sy también promulgó la constitución, debían perder el derecho a esas tierras, una postura a la cual se opuso el Ministerio Público Federal.

Una ley federal aprobada en julio otorgaría títulos a personas quy también ocupan tierras ilegalpsique en la selva amazónica. Organizaciones ambientales y dy también campesinos sin tierras sy también opusieron a esta norma, pues sostienen que beneficiaría a grandes terratenientes y madereros ilegales. El Ministerio Público Federal apoyó esta postura, advirtió que la ley también podría acrecentar el número de asesinatos que son resultado dy también enfrentamientos por tierras y pidió que la Corty también Suprema declarara su inconstitucionalidad.

En mayo, una comisión parlamentaria dy también investigación fuertepsique influida por el sector dy también los agronegocios solicitó a las autoridades federales quy también procesaran penalpsique a 67 líderes indígenas, antropólogos, funcionarios públicos y miembros de organización no gubernamental quy también defienden derechos indígenas por supuesto fraude, ocupación dy también tierras y perposesión a una organización delictiva. Cuando sy también redactó este informe, las autoridades federales todavía no habían tomado ninguna medida al respecto.

En junio, cuatro relatores de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestaron quy también los “derechos indígenas y ambientales están siendo atacados” en Brasil. El gobierno calificó las declaraciones de los relatores como “infundadas”.

Enfrentar abusos del periodo militar

Los autores de violaciones de derechos humanos durante el régimen militar dy también mil novecientos sesenta y cuatro a mil novecientos ochenta y cinco siguen eludiendo la justicia por efecto de una ley de amnistía dy también 1979, que fuy también ratificada por la Corte Suprema en 2010. Muy poco tiempo después, la Corty también Interamericana dy también Derechos Humanos determinó que el fallo violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.

Desdy también 2012, los fiscales federales han acusado a más de 40 exmilitares y otros agentes de la dictadura con relación a asesinatos, secuestros y otras graves violaciones de derechos humanos. Los tribunales inferiores desestimaron la mayoría dy también las cautilizas y la Corte Suprema puso dos en suspenso, mientras reconsidera la valía de la ley de amnistía.

En mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos festejó una audiencia en el caso del cronista Vladimir Herzog, torturado y asesinado por agentes del Estado en 1975. La corte deberá examinar nuevapsique la ley dy también amnistía cuando se pronunciy también en el caso Herzog.

Actores internacionales clave

En mayo, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), los Estados Miembros dy también la onu formularon 246 recomendaciones para mejorar la situación dy también los derechos humanos en Brasil. Entre otros muchos problemas, señalaron los abusos policiales y en centros penitenciarios, y la violación dy también los derechos de indígenas y mujeres.

Política exterior

El gobierno brasileiro condenó las violaciones de derechos humanos en Venezuela y también instó al restablecimiento de la democracia. En agosto, Brasil y los demás miembros creadores del bloque comercial sudamericano Mercosur suspendieron a Venezuela del grupo por “romper el orden democrático”.

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Una coalición encabezada por Arabia Saudita utilizó municiones dy también racimo dy también fabricación brasileña en cuando menos 4 ocasiones, la más recienty también en el mes de febrero de 2017, en la cual murieron dos civiles y por lo menos doce resultaron heridos. Las municiones de racimo están prohibidas por un tratado de 2008 al cual sy también sumaron 102 países, pero no Brasil.